El conflicto por el Atuel en la Corte: competencia y legitimación activa en un caso de daño ambienta


Otra vez el conflicto en torno al uso del río Atuel llegó a la Corte Suprema de Justicia. Se trata de un enfrentamiento de larga data entre dos provincias argentinas, Mendoza y La Pampa, que versa sobre la utilización y conservación ambiental de esta cuenca hídrica. Ya en el año 1987 la Corte había emitido un pronunciamiento declarando que se trata de un río interprovincial y que ambas debían arreglar sus diferencias a través de acuerdos.

En esta oportunidad, La Pampa demanda nuevamente a Mendoza. El pronunciamiento de la Corte dictado el día de ayer no es la sentencia definitiva de este caso, si no apenas la resolución de una serie de excepciones previas que había planteado la provincia de Mendoza (competencia de la Corte y legitimación activa). Si bien son cuestiones preliminares, resultan de gran interés para el derecho ambiental.


Veamos las pretensiones principales de la provincia de La Pampa:


  1. Declare el incumplimiento de la Provincia de Mendoza de: a) la sentencia dictada por la Corte en el año el 8 de diciembre de 1987, Fallos 310:2475 (en realidad es 2478), en particular la obligación de negociar y celebrar de buena fe los convenios para regular los usos del rio Atuel; b) el incumplimiento de los distintos puntos de los convenios celebrados durante 1989 y 1992 y se considere la maliciosa demora en el tratamiento y el posterior rechazo del convenio marco de 2008, como un nuevo incumplimiento al fallo citado y de las obligaciones asumidas en los acuerdos anteriores y; c) el incumplimiento de distintas normas constitucionales y de derecho internacional aplicables a la relación que mantiene con la Provincia de La Pampa por la cuenca del río Atuel, como las relacionadas con la afectación del derecho humano al agua, del principio de crecimiento armónico y equilibrado entre las provincias, etc.;

  2. Se declare la presencia de daño ambiental, como consecuencia de los anteriores incumplimientos, y se ordene su cese y recomposición;

  3. Se fije un caudal ambiental en forma inmediata, estableciendo al efecto cantidad y calidad mínima del agua a ingresar al territorio pampeano, teniendo en cuenta el derecho humano al agua, al crecimiento armónico y equilibrado entre las provincias y los que le corresponden a la Provincia de La Pampa sobre sus recursos naturales;

  4. Se disponga la realización de las obras· para: a) alcanzar dicho caudal, fijándose los plazos de ejecución y; b) optimizar la utilización del recurso del agua en el sistema de riego;

  5. Se condene a indemnizar los perjuicios sufridos con motivo de los citados incumplimientos en los que incurrió la Provincia de Mendoza, tomando como base el estudio de la Universidad Nacional de La Pampa que se ofrece como prueba documental, así como aquellos que se produzcan hasta la efectiva concreción del caudal ambiental;

  6. Se disponga la creación de un Comité Interjurisdiccional para la cuenca del río Atuel, con la participación del Estado Nacional, a fin de que administre, como autoridad máxima, la utilización del agua en la cuenca, a los efectos ambientales y productivos, y con el cargo de suministrar información en forma periódica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de su sentencia y secuelas necesarias;

  7. Se prohíba a la Provincia de Mendoza que efectúe cualquier tipo de acción u obra sobre el río Atuel y sus afluentes, que implique una alteración de la cantidad o calidad del agua que deba llegar a la Provincia de La Pampa, sin la previa autorización del Comité a crearse; y

  8. Se ordene al Estado Nacional que brinde la colaboración económica, financiera, técnica y toda otra asistencia que resulte necesaria para implementar las obras cuya realización se dispongan tanto en la sentencia definitiva como en la etapa de ejecución.


La provincia de Mendoza alega, en esta instancia, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es incompetente, señalando que lo solicitado por La Pampa en orden a crear un comité se trata de una cuestión de índole política institucional que no puede ser sometida a juicio. Plantea también excepción de cosa juzgada, señalando que se quieren discutir las mismas pretensiones ya resueltas por la Corte en el año 1987. También plantea falta de legitimación activa de La Pampa, atento existir ya en trámite un proceso colectivo por daño ambiental (autos P.732. XLVI, “Palazzani, Miguel Angel c/ Mendoza, Provincia de y otro s/ amparo ambiental”) y lo dispuesto por el art. 30 de la Ley General del Ambiente. Por último, plantea también falta de legitimación pasiva, alegando que no le cabe ninguna responsabilidad en el caso.


En esta oportunidad, la Corte resuelve la excepción de incompetencia y de falta de legitimación activa:


Excepción de incompetencia: La Corte ratifica y defiende su rol de tribunal en los conflictos entre provincias, atribución que le confiere directamente el art. 127 de la Constitución Nacional (Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el Gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley). La Corte rechaza los argumentos de la provincia de Mendoza señalando: “La necesidad de dirimir la situación denunciada, y dado que ninguna de las provincias podría erigirse en juez de su propia causa, determina que esta Corte Suprema de Justicia de la Nación sea la que deba llevar adelante los procedimientos pertinentes a ese fin” (Considerando segundo);


Excepción de falta de legitimación activa (proceso colectivo): Se trata, quizás, de la doctrina judicial más interesante del fallo. Como es sabido, el art. 30 de la Ley General del Ambiente señala “deducida demanda de daño ambiental colectivo por alguno de los titulares señalados [se refiere al afectado, defensor del pueblo, ONGs o el Estado], no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros”. Dado que la provincia de Mendoza reclama, entre otras cosas, la existencia de daño ambiental, La Pampa invoca esta norma para sostener que Mendoza no puede interponer esta acción porque ya ha sido interpuesta por el afectado Miguel Ángel Palazzani, en la causa colectiva del mismo nombre que ya citamos.


En principio, pareciera que el argumento de Mendoza es correcto. No obstante, la Corte plantea para este caso una excepción a la regla, en los siguientes términos: “al haber instado la Provincia de La Pampa en el caso el ejercicio de la jurisdicción dirimente conferida a esta Corte mediante el citado art. 127, y por tratarse entonces de una atribución de raigambre constitucional, de naturaleza restrictiva y no susceptible de ser ampliada ni restringida por normas legales, la excepción de falta de legitimación activa opuesta con fundamento en la previsión contenida en el arto 30, segundo párrafo, de la ley 25.675, debe ser rechazada” (Considerando cuarto). La Corte se apoya también en el dictamen de la Procuración General de la Nación, firmado por la procuradora Laura Monti.


De este modo y según el criterio de la Corte, la regla de dar preferencia al actor que se presenta en primer término a los fines de representar a la clase en un daño colectivo, se encontraría subordinada a la regla contenida en el art. 127 de la Constitución Nacional. En otras palabras, el criterio de la Corte podría formularse también de la siguiente manera: en una acción colectiva, entre los legitimados extraordinarios reconocidos por ley, el que accione primero será quien represente al colectivo salvo que en un polo se encuentre una provincia y en el otro se encuentre otra. En este caso, a más de resultar ineludible la competencia originaria de la Corte, la provincia reclamante tiene derecho a conservar su calidad de actora, aun demandado en segundo lugar.


A los fines de proseguir con la causa y dada la entidad del conflicto, la Corte decidió ayer abrir el tribunal a la participación, invitando a presentar “amicus curiae” (amigos del tribunal, Acordada 7/2013) y a una audiencia pública (Acordada 30/2007) que se celebrará el 14 de junio. Sin duda se trata de un caso clave para el federalismo ambiental argentino y la gestión de los cursos hídricos que habrá que seguir muy de cerca.


Resolución de la Corte Suprema de Justicia "La Pampa, Provincia de el Mendoza, Provincia de s/uso de aguas."

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