Dos sentencias recientes en materia de agroquímicos, prevención e información ambiental


La primera resolución que comentaremos se dio en el marco de la causa “Giménez, Alicia Fany y otros c/ Ministerio de Agroindustria y otros s/ medida cautelar (autónoma)”, dictada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal el 21 de marzo de 2017.


La posición de los actores


Los actores habían solicitado:

  • La inmediata suspensión provisional de la totalidad de las autorizaciones administrativas otorgadas hasta la fecha y en trámite de “eventos” para la liberación, producción, comercialización o desarrollo de OGM (organismos genéticamente modificados);

  • La suspensión provisional de la comercialización, venta y aplicación de productos que contengan glifosato y sales derivadas del mismo como principio activo en la formulación química de sus productos o glufosinato de amonio;

  • La suspensión provisional de la comercialización y venta de semillas transgénicas hasta tanto la CONABIA (Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria) del SENASA, el COFEMA y los actores privadas acrediten el cumplimiento de una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA);

  • La suspensión de la aplicación terrestre de las mismas sustancias mencionadas hasta tanto los mismos actores acrediten el cumplimiento de una EIA;

  • Con base en la Ley de Defensa del Consumidor, el etiquetado obligatorio mediante leyendas perfectamente visibles y destacables al ojo humano, colocadas en los envases de esta sustancias.


La decisión del Tribunal


Estas pretensiones fueron rechazadas por el Juzgado de Primera Instancia, decisión confirmada por la Cámara quien no hizo lugar tampoco a la apelación presentada por los actores y el Fiscal General. La Cámara Federal basó su rechazo fundamentalmente en base a los siguientes argumentos:

  • Una medida cautelar innovativa no es el medio adecuado para decidir sobre una cuestión de tamaña complejidad probatoria;

  • El cese pretendido tendría un marcado impacto sobre la actividad agropecuaria. Así, la Cámara sostuvo: “en los términos de la valoración efectuada por el Estado Nacional, la petición cautelar -en caso de ser admitida- afectaría la cadena de valor agrícola, en el empleo, el comercio nacional y externo, la investigación, el desarrollo de productos y la propia soberanía alimentaria; provocando un menoscabo sobre bienes jurídicos comunes de los miembros de la comunidad”;

  • En relación a las pruebas aportadas por la parte actora, la Cámara no dio por acreditado el peligro necesario para la procedencia de la medida. En esto, el tribunal respaldo su posición casi exclusivamente sobre las decisiones de la autoridad administrativa, en este caso, la CONABIA y el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal;

  • En cuanto al principio precautorio, el tribunal sostuvo: “no resulta aplicable -en la especie-el principio precautorio de política ambiental contenido en el art. 4º de la ley 25.675, por no hallarse acreditado -en este estado inicial del proceso- un supuesto de peligro de daño grave o irreversible, en tanto no se puede concluir en la existencia de consenso, sino –más bien- de debate sobre la cuestión a nivel científico respecto del impacto ambiental y en la salud por la liberación de nuevos eventos genéticamente modificados”.


La decisión administrativa en el proceso


Es cierto que una medida cautelar innovativa no es el mejor ropaje procesal para una discusión tan compleja. Sin embargo, es claro también que el Tribunal no estuvo muy dispuesto a profundizar en la cuestión. La Cámara Federal hace suyos, sin más, las decisiones tomadas por las comisiones técnicas del SENASA, haciendo una categórica aplicación del art. 33 de la Ley General del Ambiente.


Sólo se re-introduce un solo argumento de este organismo vinculado a su rechazo a un proceso de recategorización, solicitado en función del informe dado a conocer por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la OMS. En aquella oportunidad, el SENASA había rechazado la solicitud, citando un informe del CONICET que señalaba “que la referida agencia no define el riesgo o probabilidad de daño en los seres humanos, sino que sólo considera la fuerza de la evidencia científica para establecer una posible o probable asociación con el cáncer”. La Cámara, al igual que el tribunal de primera instancia, cita textualmente esta conclusión como cierre definitivo a la cuestión introducida por esta agencia en el año 2015, sin aportar mayores detalles.


No es la primera vez que un tribunal se apoya totalmente en el criterio de la autoridad administrativa para eludir la discusión de un tema candente. Pero tratándose de un fuero contencioso administrativo, hubiera sido interesante un análisis más profundo acerca de la razonabilidad y legalidad de los procedimientos empleados por el SENASA para evaluar la categorización toxicológica de este tipo de productos. Quizás eso se hubiera logrado también de haber planteado, los actores, una pretensión más modesta pero incisiva en cuanto a estos mecanismos. Habrá que esperar un próximo caso.


El caso “Monsanto Company vs Office of Environmental Health Hazard Assessment”


La segunda sentencia que comentaremos se trata de una resolución reciente, dictada el 10 de marzo de 2017 por el juez Kristi Kapetan de la Corte Suprema del Estado de California, condado de Fresno. En este caso, Monsanto demanda a la Oficina de Evaluación de Riesgos en el Ambiente y la Salud (OEHHA según sus siglas en inglés) de la Agencia de Protección Ambiental del Estado de California. Resulta que, a raíz del mismo informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) que ya se mencionó en la primera sentencia, esta oficina tenía el deber de incluir al glifosato en una lista de sustancias químicas posiblemente cancerígenas. Esto debido a que, desde el año 1986, este Estado aprobó una ley (Proposition 65) que obliga al Estado a realizar y actualizar esta lista todos los años, a los fines de que los consumidores tengan una adecuada información acerca de los riesgos en las decisiones que toman.


Para sumar una sustancia a esta lista hay varios mecanismos posibles. Uno de ellos es en base a la conclusión de agencias internacionales especializadas, como es el caso de la IARC. Por esta razón y ante el informe emitido en el año 2015, la oficina decide la inclusión del glifosato en la lista. Ante esto, Monsanto sostiene, entre otras defensas, que el Estado de California no puede delegar esta atribución clasificadora en un organismo foráneo y ajeno al control público. El juez entiende que esto no es así, puesto que se trata de una agencia internacional con reconocido prestigio y pre-existente a esta ley estatal, no habiéndose operado delegación alguna.


En síntesis, dos casos interesantes que giran en torno al revuelo causado por la IARC en el mundo con sus conclusiones en torno al glifosato. Volviendo a la Argentina, quedan flotando entonces algunas preguntas: ¿Cuál es la vía procesal más idónea para discutir estas cuestiones y hacer efectivo el mandato preventivo ambiental, ahora también existente en el Código Civil y Comercial? ¿Cuál es el rol de estos organismos públicos en cuyo seno se dan estas discusiones epistemológicas tan sensibles para la sociedad? (CONABIA y el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal en Argentina, OEHHA en California o la IARC a nivel internacional) ¿Cómo pueden introducirse estas cuestiones en un proceso judicial? ¿Es el foro judicial el ámbito indicado para esta discusión? Esperamos sus comentarios.

Compartimos a continuación las sentencias mencionadas:

“Giménez, Alicia Fany y otros c/ Ministerio de Agroindustria y otros s/ medida cautelar (autónoma)”

“Monsanto Company vs Office of Environmental Health Hazard Assessment, et al.”

#agroquímicos #PoderJudicialdelaNación #sentenciasdejuzgadosextranjeros #prevención #principioprecautorio #SENASA

Entradas destacadas
Entradas recientes