Antes de entrar en vigencia la nueva ley de acceso, ya rigen para el Poder Ejecutivo Nacional sus pr


El 30 de enero de 2017, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto N° 79/2017[1], el cual modifica aspectos importantes del Decreto 1172/2003 sobre acceso a la información, principalmente en materia de plazos, excepciones y autoridades responsables. Según se expresa en sus considerandos, la intención del Ejecutivo ha sido actualizar el régimen de acceso a la información pública, adaptándolo a la Ley Nacional de Acceso a la Información N° 27.275 y al Plan Nacional de Apertura de Datos.


Recordemos que el Decreto 1172/2003[2] es la principal norma que regula el trámite para presentar pedidos de información en todas las entidades que dependen del Poder Ejecutivo Nacional, como así también privados con participación del Estado Nacional, empresas del Estado y prestatarios de servicios públicos nacionales. Esta norma, si bien posee la jerarquía de un decreto nacional, ha sido invocada en números pronunciamientos, entre ellos y de reciente fama, la solicitud presentada por el senador Rubén Giustiniani para conocer detalles del contrato entre YPF S.A. y Chevron Corporation por el proyecto “Vaca Muerta”, derecho que fue respaldado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación[3].


Sin embargo, este decreto sólo rige para uno de los poderes del Gobierno Federal, como ya se dijo, el Poder Ejecutivo Nacional. Si bien los otros dos poderes ya vienen trabajando en programas de acceso y apertura de datos con normativa propia, con la Ley Nacional de Acceso a la Información N° 27.275, sancionada el año pasado, los tres poderes del nivel federal estarán sometidos a una única norma y con rango de ley. Ahora bien, esta ley comenzará a regir recién a partir del 29 de septiembre de 2017. Lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional al sancionar este decreto es adelantar algunos de sus puntos, sólo a la esfera de las entidades que dependen de este poder del Estado[4].


Pero yendo a lo importante, ¿cuáles son las principales modificaciones que ya rigen entonces el procedimiento de solicitud de información pública? Bueno, son en realidad las mismas que incorpora la ley, cuestiones que ya están siendo objeto de diversos análisis. De todos modos, y sólo a los fines de pasar revista sobre algunos puntos fuertes, podemos listar:

  • Art. 1° (Objeto): Incorpora como fines del régimen “promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”;

  • Art. 2° (Sujetos obligados): La nueva norma enumera con mayor detalle las entidades obligadas y agrega algunas no puntualizadas por el anterior régimen. En general, se reconocen los mismos sujetos estatales y algunos no estatales que cumplen funciones pública (sindicatos, concesionarios, empresas subsidiadas, etc);

  • Art. 5° (Concepto de información): Agrega algunas expresiones vinculadas a los datos abiertos y la posibilidad de reutilizarlos y redistribuirlos. Explicita la definición de información, documento y cuándo éste goza de publicidad;

  • Art 7° (Principios): Al principio de igualdad lo llama ahora “no discriminación”, publicidad pasa a ser “presunción de publicidad”, celeridad ahora es llamado “máxima premura”. Se mantiene el de informalismo y gratuidad. Se agregan los principios de transparencia y máxima divulgación, máximo acceso, apertura, disociación, control, responsabilidad, alcance limitado de las excepciones, in dubio pro petitor, facilitación y buena fe;

  • Art. 12 (Plazos): Se trata de una de las modificaciones más importantes. Antes, con el Decreto 1172/2003, la Administración tenía 10 días para contestar, con una posibilidad de prórroga de 10 días más. Ahora, ese plazo se ha incrementado a 15 días en ambos casos. Otra novedad es que, si la repartición no es la que posee la información solicitada, tendrá un plazo de 5 días para remitirlo a la correcta, debiendo informa esto al solicitante. Esto es importante porque, en estos casos, muchas reparticiones se limitaban a contestar que la información no constaba en sus registros;

  • Art. 16 (Excepciones a la obligación de contestar): Es, sin duda, la modificación más importante del régimen. En especial porque es a partir del número y entidad de las excepciones que puede poner un gobierno a brindar información donde puede evaluarse la calidad de sus normas sobre acceso. Veamos algunos cambios:

  • Datos personales: El 1172/2003 sólo exceptuaba compartir datos sensibles, en los términos de la Ley N° 25.326, salvo consentimiento de la persona. En el nuevo régimen, se habla directamente de información que contenga “datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales y sus modificatorias”;

  • Se agrega como excepción la “información de carácter judicial cuya divulgación estuviera vedada por otras leyes o por compromisos contraídos por la República Argentina en tratados internacionales”;

  • Se agrega también como excepción: “información obtenida en investigaciones realizadas por los sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una investigación”;

  • Se elimina la excepción “notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente”;

  • Se agrega la excepción: “información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública”, cuestión controversialmente vinculada al caso de los contratos entre YPF y Chevrón;

El decreto también agrega como una excepción general a estas excepciones la siguiente: “Las excepciones contenidas en el presente artículo no serán aplicables en casos de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad”.

  • Art. 17 (Información parcial): Para el caso que, debido a las excepciones previas, el Estado deba responder con información parcial, el nuevo régimen reconoce el sistema de “tachas”

  • Art. 20 y 21 (Responsables por área): Se incorporan estos artículos al régimen, con la obligación de que cada entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional nombre un responsable de esta tarea, detallándose también sus funciones.

Este se trata tan sólo de un primer abordaje de las principales modificaciones del régimen. Posteriormente, continuaremos abordando y analizando cada uno de estos puntos.


¿Qué opinión te merecen algunas de estas modificaciones? Dejanos tus observaciones y comentarios.


[1] (B.O. 31/1/2017)

[2] En especial en su Anexo VII

[3] Ver CSJN, 10/11/2015, en autos “Giustiniani, Rubén Hector c/ YPF SA – Amparo por Mora”

[4] Únicas que pueden ser obligados por medio de un decreto

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