Algunas preguntas sobre este derecho

¿De qué se trata el derecho a acceder a la información pública?


El acceso a la información pública es el derecho que tiene toda persona de solicitar y obtener, en tiempo y forma adecuada, información que


sea considerada de carácter pública y que se encuentre en poder del Estado o de privados que realicen actividades públicas.


Se trata de un derecho vinculado a la esencia de nuestra forma republicana de gobierno, a la transparencia y a la democracia. También es un derecho humano vinculado a la prerrogativa que tiene todo individuo de expresar libremente su opinión, de no ser molestado a causa de sus puntos de vista, investigar, recibir información y de difundirla (artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).


¿Qué comprende la información pública ambiental?


En el campo de lo específicamente ambiental, el concepto de información pública es flexible y dependiente de las distintas normas que regulan su ejercicio. No obstante, considerando lo que establece la Ley de Presupuestos Mínimos N° 25.831 (norma básica e ineludible en la materia), podemos decir que estamos en presencia de información pública ambiental cuando queremos conocer:


1) El estado del ambiente o alguno de sus elementos físicos, culturales o sociales;

2) La interacción de la sociedad con el medioambiente, incluidas las actividades, obras y circunstancias que puedan afectar a la sociedad o al medio;

3) Los planes, políticas, programas y acciones referidas a la gestión del medio ambiente.


Esto puede incluir también información producida, obtenida, en poder o bajo control de los organismos públicos, actas de las reuniones oficiales, expedientes de la Administración Pública y las actividades de entidades y personas que cumplen funciones públicas relacionadas con el ambiente, los recursos naturales y el desarrollo sustentable.


Considerando la regulación específica, a los fines de solicitarla es importante también que esta información se encuentre efectivamente en poder del Estado.


¿Dónde se encuentra regulado este derecho?


La República Argentina reconoce el derecho a acceder a la información pública ambiental en los arts. 16 a 18 de su Ley General del Ambiente (Ley N° 25675) y en la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos sobre Régimen de Acceso a la Información Pública Ambiental (Ley N° 25831). Ambas son leyes de presupuestos mínimos y cumplen un rol fundamental como garantía de ciertos estándares esenciales en materia de acceso a la información ambiental. A su vez, el 14 de setiembre de 2016, Argentina sancionó su primera Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, la cual comenzará a regir a partir del 29 de setiembre de 2017.


Sin embargo, existen también regulaciones específicas en los distintos niveles y esferas de gobierno, por tratarse Argentina de un país federal. De esta manera, tenemos:


Gobierno Nacional

  • Poder Ejecutivo Nacional: el Decreto Nacional N° 1172/2003 contiene un régimen específico para el acceso a la información pública (no sólo la ambiental) en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional. También están obligadas las empresas prestatarias de servicios públicos y empresas subsidiadas por el Estado Nacional;

  • Poder Judicial de la Nación: La Ley N° 26856/2013 dispone como obligatoria la publicación gratuita de todas las acordadas y resoluciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales de segunda instancia, que conforman el Poder Judicial de la Nación;

  • Poder Legislativo: En elámbito del Poder Legislativo Nacional, existen dos oficinas especializadas en atender las consultas ciudadanas relativas a la actividad parlamentaria, la Dirección de Información Parlamentaria, dependiente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y la Oficina de Atención Ciudadana dependiente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

La regulación de estos tres poderes se verá modificada a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, según lo dicho previamente.


Gobierno de la Provincia de Córdoba


En el caso de la Provincia de Córdoba, el derecho está resguardado por la misma Constitución Provincial (art. 15). También la Ley Provincial N° 8835 (conocida como Carta del Ciudadano) dispone como objetivo político brindar información permanente a las personas sobre la gestión estatal y de los gastos públicos a través de un sistema informatizado amplio, preciso, transparente, actualizado y de fácil acceso, detallando en su articulado derechos y herramientas. También es importante la Ley Provincial N° 10149, que ratificó el Decreto Provincial N° 525/ 2013 que garantiza el “pleno ejercicio de la libertad de expresión y de opinión de sus habitantes y de las personas que se encuentren en su territorio, y la vigencia absoluta de la libertad de prensa”.


Pero es, a nivel provincial, la Ley N° 8803 la norma clave. Regula en detalle el régimen de acceso al conocimiento de los actos del Estado Provincial (no sólo ambiental), siendo vinculante para toda la administración pública provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada; para los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado; para el Poder Legislativo y el Judicial (en el caso de éste último sólo en cuanto a su actividad administrativa) y para el Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico y Social y Ministerio Público Fiscal de la provincia.


En materia específicamente ambiental, la ley mencionada debe ser entendida en conjunto con la Ley N° 10208 sobre Política Ambiental, la cual regula el derecho a acceder a la información pública ambiental en su capítulo XI (arts. 54 a 62).


Gobiernos Municipales en la Provincia de Córdoba


En el caso de los Municipios y Comunas existentes en la Provincia de Córdoba, se encuentran también obligados por las Leyes N°8803 y 10.208 mencionadas anteriormente. No obstante, muchos de ellos también poseen normativa propia más específica. Tal es el caso de la Ciudad de Córdoba, la cual regula el procedimiento en su Ordenanza N° 10.560, modificada por la Ordenanza N° 11.877.


Este mapa normativo se debe completar con una serie de normas sectoriales, tanto en materia ambiental (por ej. el art. 26 dela Ley Nacional de PM sobre Bosques Nativos) como en temas varios, tales como la regulación del habeas data y protección de datos personales(Ley N° 25326/2000), la ley de defensa del consumidor (Ley N° 24240/1993) o el Código Minero (art. 268), entre otras normas.


¿Querés saber más? ¡Mirá más preguntas en la sección de nuestro sitio: “De qué se trata este derecho”!



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ACCESO AMBIENTAL

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Córdoba, Argentina

FD
Facultad de Derecho
Universidad Nacional de Córdoba