NORMAS SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
Compartimos algunas normas vigentes en la República Argentina, vinculadas a este derecho:

Normas internacionales vigentes en Argentina

Tratados

Convención Americana de Derechos Humanos: Es también conocida como el Pacto de San José de Costa Rica. Se trata de un instrumento jurídico internacional de gran importancia para el sistema interamericano de derechos humanos. Esta convención establece ciertos deberes para los Estados parte, en especial, la obligación de asegurar el respeto y goce de derechos humanos fundamentales, como a la vida, la libertad, la igualdad, las garantías judiciales, y en particular, establece el derecho a la libertad para buscar, recibir y difundir información, sin censura previa.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Estos dos pactos fueron consensuados ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y son tratados internacionales obligatorios que receptan una gran variedad de derechos y garantías para su ejercicio y cumplimiento, entre los que destacamos: derechos laborales, derechos de la familia, derecho de los pueblos a la libre determinación, y en particular la libertad para buscar, recibir y difundir información, por cualquier medio.

Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur: Compromiso de los países miembros del Mercosur de instrumentar y aplicar los compromisos asumidos en la Conferencia de Río de 1992. Se destaca a su vez la referencia a trabajar por la información y educación ambiental, como así también fomentar el intercambio de información ambiental entre los países miembros.

 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú): tiene como objetivo garantizar la implementación de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es el tratado vinculante más importante para la temática suscripto por nuestro país. 

Declaraciones

Declaración Universal de los Derechos Humanos: Esta declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y es un documento que recoge varios derechos humanos considerados como básicos o fundamentales, entre los que destacan: derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, de expresar opiniones, investigar y recibir informaciones y difundirlas, etc.

 

Declaración de Río: En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo celebrada en 1992 en Río de  Janeiro (Brasil), 178 países suscribieron esta declaración donde la comunidad internacional acordó determinados principios en materia ambiental, como por ejemplo, el desarrollo sustentable, la equidad intergeneracional y, en especial, el principio 10, en el cual se dispone que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de una ciudadanía informada, reconociendo a su vez los tres derechos de acceso: información, participación y acceso a la justicia. 

Programa 21: También conocido como Agenda 21. Se trata de un instrumento no vinculante suscrito también durante la Conferencia de Río del año 1992. Posee un listado de objetivos y buenas prácticas de gobierno a seguir, destacándose los capítulos 23 a 40 vinculados a los derechos de acceso. 

Declaración de Chapultepec: Adoptada por la conferencia hemisférica sobre libertad de expresión celebrada en México, D.F. el 11 de marzo de 1994. El instrumento remarca la importancia de esta libertad y las garantías mínimas con las que debe contar la prensa y cualquier ciudadano.

 

Declaración de Santa Cruz de la Sierra: Reafirmación de los Principios de Río 1992 por parte de los países integrantes de la Organización de Estados Americanos. Especial atención al derecho a participar e intercambiar información.

Reglas de Heredia: Se trata de un conjunto de recomendaciones vinculadas a la difusión de información judicial en internet. Las mismas fueron aprobadas durante el Seminario Internet y Sistema Judicial realizado en la ciudad de Heredia (Costa Rica), los días 8 y 9 de julio de 2003 con la participación de poderes judiciales, organizaciones de la sociedad civil y académicos de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay.

Declaración de Santa Cruz de la Sierra + 10: Los Ministros de Ambiente de países miembros de la OEA reiteran los compromisos asumidos en el año 1996, comprometiéndose con mayor detalle al cumplimiento de los derechos de acceso, entre otros.  

Directrices de Bali: También conocidas como las directrices para la elaboración de legislación nacional sobre el acceso a la información, la participación del público y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, elaboradas por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Fueron aprobadas en el 25º período de sesiones de su Consejo de Administración.

Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública: Aprobada por la OEA en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 8 de junio de 2010.

Declaración de Río + 20: ​En el año 2012 se volvieron a juntar países de todo el mundo en una nueva Conferencia de Naciones Unidas con el ánimo de reafirmar la declaración de Río de 1992 y todos sus principios, lo cual fue plasmado en un documento titulado "El futuro que queremos". 

Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo: Esta declaración fue impulsada en el marco de la Conferencia de Río+20: En ella, los países asumen el compromiso de iniciar un proceso que explore la viabilidad de contar con un instrumento regional abierto a todos los países de la región, con el apoyo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El resultado de este proceso es el "Acuerdo de Escazú".

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Normas nacionales

Constitución Nacional

La Constitución Nacional es la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. En ella se establecen normas de trascendencia y disposiciones generales referidas a los derechos y deberes de los habitantes de la  Nación, de los tres poderes del Estado, de los funcionarios públicos, etc. Relacionado a la temática encontramos:

 

Art. 14: Entre otros derechos cívicos y políticos, este artículo consagra el derecho a saber, a peticionar a las autoridades y publicar nuestras ideas sin censura previa.  

Art. 41 Derecho a un ambiente sano: El art. 41 CN es la norma más importante de derecho ambiental, ya que allí se fijan múltiples derechos y deberes, entre otros: derecho a un ambiente sano, equilibrado y su correlativo deber de preservarlo; desarrollo sustentable, obligación de recomponer cualquier daño ambiental y fija el deber de las autoridades (nacionales, provinciales y municipales) de proveer a la protección de estos derechos y a la información y educación ambientales. 

Art. 42 Derechos del consumidor: ​En esta norma, nuestra Constitución establece ciertos lineamientos y garantías para los consumidores, en especial: derecho a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, derecho a una información completa y veraz, trato digno, etc.

Art. 43 Acción de amparo y habeas data: La acción de amparo es una forma rápida de acceso a la justicia para garantizar la protección de los derechos cuando estos están siendo amenazados, lesionados o restringidos. En particular, se puede usar la acción de amparo para el supuesto en que un pedido de información no sea respondido a tiempo, o no sea completo, veraz y adecuado. Asimismo, este artículo regula a la acción de habeas data, la cual permite conocer los datos personales o cualquier información sensible (política, orientación sexual, etc.) en poder de alguna base de datos pública o privada, para solicitar su actualización, supresión, confidencialidad o rectificación.

Art. 75 inc 22 y 24: Normas de gran importancia puesto que establecen la jerarquía constitucional de ciertos tratados de derechos humanos (entre ellos la Convención Americana de DDHH y los Pactos citados previamente) y la jerarquía superior a las leyes de los tratados de integración ratificados por el Congreso mediante un procedimiento especial. 

Leyes de Presupuestos Mínimos Ambientales

El espíritu de estas leyes es fijar un piso mínimo de protección del ambiente, aplicable en todo el territorio de la Nación y vinculante, no sólo para el gobierno federal, sino también para las provincias y municipios. 

Ley general del ambiente N° 25.675: Con el fin de generar una gestión sustentable del ambiente y proteger la biodiversidad, esta ley fija los presupuestos mínimos que deberán observarse en todos los niveles de gobierno a los fines de lograr sus cometidos.

La ley, para llevar a cabo sus objetivos de política y gestión ambiental, regula ciertos instrumentos, entre los cuales encontramos a la evaluación de impacto ambiental, ordenamiento ambiental del territorio y al sistema de información ambiental.

En los artículos 16 a 18 la ley sienta los lineamientos básicos para el acceso a la información ambiental, destacando dos puntos de relevancia:

  • Todas las personas físicas y jurídicas (públicas y privadas) tienen la obligación de proporcionar la información ambiental que esté en su poder, y la contrapartida de esta obligación, es el derecho de todo habitante de obtener de las autoridades la información ambiental que posean.

  • Las autoridades tienen la obligación de informar sobre el estado del ambiente y el Poder Ejecutivo, elaborará un informe anual sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación.

Ley sobre el régimen de libre acceso a la información pública ambiental N° 25.831: Se trata de la única ley de presupuestos mínimos destinada específicamente al acceso a la información pública ambiental. Al ser una norma de presupuestos mínimos, establece una serie de estándares y obligaciones que todas las jurisdicciones del país (nación, provincias y municipios) deben respetar. Regula el concepto de información pública, quién puede hacer los pedidos, plazos, excepciones, entre otros aspectos.   

Ley sobre protección de bosques nativos N° 26.331: Esta ley establece normas y parámetros de conservación, restauración, enriquecimiento, mejoramiento y manejo sostenible de los bosques nativos que deben ser respetados por los tres niveles de gobierno. Incluye la obligación para cada jurisdicción de realizar un ordenamiento territorial de sus bosques nativos, esto es, una zonificación de los mismos, teniendo en cuenta el valor de conservación y los servicios ambientales que prestan. En cuanto al acceso a la información, remarca la importancia de este derecho en relación a autorizaciones de desmonte y la participación de los pueblos indígenas y campesinos. Asimismo, se crea un Registro Nacional de Infractores, de acceso público en todo el territorio argentino, para conocer quiénes son los que han incumplido la normativa.

 

Ley sobre gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicios N° 25612: Es una ley nacional de presupuestos mínimos que versa sobre la gestión de residuos (líquidos, gaseosos o sólidos) que se originen, en todo el territorio argentino, a través de actividades industriales o de servicios. Los generadores de residuos industriales deben informarle a la autoridad de aplicación las características de los residuos. La ley establece la obligación de las provincias de llevar un registro donde deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas responsables de la generación, manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos industriales. Por último, toda esa información de los registros provinciales se ordenará en un Sistema de Información Integrado, a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, el cual será de libre acceso a la población. 

 

Ley sobre la gestión y eliminación de PCBs N° 25670: La presente ley tiene como objetivo el tratamiento, eliminación y prohibición de ingreso al país, de los residuos que contengan PBCs, es decir bifenilos policlorados. También se prohíbe su producción y comercialización. Se crea un registro para todos los tenedores de PCBs o de aparatos que los contengan, y si un aparato ha contenido PCBs y sigue en funcionamiento debe tener un rótulo que indique esa situación. Por otro lado, las autoridades deberán brindar información fehaciente a los vecinos de zonas afectadas o peligrosas, poniendo a su disposición todo informe ambiental o estudio epidemiológico.

 

Ley de gestión de residuos domiciliarios N° 25916: Esta ley fija los presupuestos mínimos de la gestión integral de residuos domiciliarios, la cual  comprende las etapas de generación, disposición inicial, recolección, transferencia, transporte, tratamiento y disposición final. La autoridad de aplicación tiene el deber de elaborar un informe anual con la información que le provean las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, el que deberá, como mínimo, especificar el tipo y cantidad de residuos domiciliarios que son recolectados y además, aquellos que son valorizados o que tengan potencial para su valorización en cada una de las jurisdicciones.

Ley para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial N° 26639: La presente ley tiene por fin proteger a los glaciares y a las zonas periglaciales, con el fin de preservar toda su riqueza y valor natural y cultural. En relación a la información ambiental, establece que se debe crear un Inventario Nacional de Glaciares, elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), donde se incluirán todos los datos de los glaciares necesarios para su debida conservación, y se actualizará periódicamente para analizar, entre otras cosas, el avance y/o retroceso de los mismos. La autoridad de aplicación nacional tiene a su cargo la elaboración de informes periódicos sobre el estado de los glaciares y sobre los proyectos que se realicen en los glaciares o ambiente periglacial, los cuales serán remitidos al Congreso de la Nación. Asimismo, tiene a su cargo la realización de campañas de educación e información ambiental.

 

Ley sobre el Sistema Federal de Manejo del Fuego N° 26.815: Este ley crea el Sistema Federal de Manejo del Fuego con la idea de establecer reglas mínimas y coordinadas en todo el territorio nacional acerca de cómo se debe proceder ante los incendios acaecidos. En relación a la información ambiental, establece que las jurisdicciones locales tienen que organizar un sistema de registro de las principales decisiones operativas adoptadas en el combate de cada incendio y aportar los datos y la información sistematizada que le sean requeridos, implementar localmente el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios para poder mantener informada a la población sobre el estado de la situación y las medidas de seguridad a adoptar. Asimismo crea el Servicio Nacional de Manejo del Fuego el cual tendrá a su cargo desarrollar un Sistema de Información de Manejo del Fuego que facilite la adopción de políticas y establecer mecanismos que aseguren el derecho a la información pública y a la participación ciudadana en el desarrollo e implementación de este sistema.

Ley sobre gestión de envases de productos fitosanitarios (agroquímicos) N° 27279: Establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, en virtud de la toxicidad del producto que contuvieron, requiriendo una gestión diferenciada y condicionada. Dispone numerosas obligaciones en materia de información en cabeza de los sujetos involucrados como así también del Estado. Entre ellas, la obligación del Estado Nacional de crear un registro de "mejores prácticas de gestión disponible" con información remitida por las provincias.  

Ley de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global N° 27.520: establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar acciones, instrumentos y estrategias adecuadas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en todo el territorio nacional. Para ello, crea un Gabinete Nacional en Cambio Climático y un Consejo Asesor los cuales, junto a cada una de las autoridades provinciales, deberán elaborar planes y ejecutar acciones mínimas de adaptación y mitigación. Su capítulo sexto contempla obligaciones específicas en materia de participación e información.

Leyes Nacionales

Ley de Acceso a la Información Pública (vigente a partir del 29/9/2017): La presente ley es de suma importancia, ya que establece el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información pública no sólo en poder del Poder Ejecutivo Nacional, sino también del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Consejo de la Magistratura, las empresas públicas, o con participación y/o fondos públicos, los gremios, etc. A su vez, establece las formalidades de presentación, los requisitos, las vías de reclamo, las limitaciones, etc. La ley manda a crear un ente autárquico denominado Agencia de Acceso a la Información Pública, con un director designado por el Poder Ejecutivo Nacional, previo a un proceso de selección abierto y público. Establece también que los sujetos obligados deberán facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública, a través de sus sitios web oficiales.

 

Ley de datos personales N° 25.326: Esta ley tiene el objetivo de proteger los datos personales de la población, en especial teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y al honor. Por ello, establece lineamientos generales y obligaciones particulares para los bancos de datos públicos y privados destinados a proveer informes, consagra el derecho de toda persona a obtener información sobre sus datos personales obrantes en un banco de datos, como así que dicha información deberá ser clara y en un lenguaje accesible. Si se diera el caso de negativa a dar información, este derecho queda garantizado con el art. 43 CN, a través de la acción de habeas data.

 

Ley sobre publicidad de sentencias y acordadas N° 26.856: Con el dictado de la presente ley, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los tribunales federales de segunda instancia, quedan obligados a publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de su dictado. Se hará a través de un diario judicial en forma digital, accesible desde el sitio web de la CSJN.

Servicio Meteorológico Nacional. Ley 24.898: Esta ley establece que el citado Servicio suministrará diariamente, en el período comprendido entre los meses de octubre y marzo, datos referidos a la intensidad de la radiación solar ultravioleta en aquellas zonas en las cuales exista riesgo para la salud humana por exposición directa a la misma; y dicha información deberá ser difundida por todos los medios masivos de comunicación y estará a disposición de la población.

Ley de Defensa del Consumidor: Principal norma reguladora de las relaciones de consumo, reglamentando la protección constitucional ya mencionada. En su artículo 4° establece el deber de todos los proveedores de brindar información de forma cierta, clara, detallada y gratuita de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que ofrece y las condiciones de su comercialización.

Código Civil y Comercial de la Nación: Acorde con lo dispuesto en la legislación específica, reitera el deber de información en el ámbito de las relaciones de consumo (art. 1100). También ratifica la obligatoriedad de las leyes de presupuestos  mínimos en todo el país, como así la limitación de los derechos individuales y su subordinación a los intereses colectivos y a la protección del ambiente (art. 240).

Decretos Nacionales

Decreto sobre acceso a la información pública del Poder Ejecutivo Nacional N° 1172/03: Este decreto aprobó, dentro de otras cuestiones, el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, el cual es aplicable no solo al Poder Ejecutivo, sino también a los entes privados a los cuales se les haya entregado subsidios o fondos provenientes del ámbito público nacional. La normativa regula plazos, forma de la solicitud, excepciones, responsabilidades, y aclara que el trámite de solicitar información es gratuito. El 30/1/2017 fue modificado por el Decreto N° 79/2017, el cual adaptó el procedimiento a algunas disposiciones de la Ley Nacional de Acceso a la Información, entre ellas el plazo de respuesta y las excepciones del Estado.

Decreto sobre el "plan de apertura de datos" N° 217/2016: Instruye a los Ministerios, Secretarías y organismos desconcentrados y descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional a elaborar y presentar en un plazo 180 días un “Plan de Apertura de Datos”, el que deberá detallar los activos de datos bajo su jurisdicción, así como el cronograma de publicación aplicable a los mismos conforme los lineamientos que oportunamente defina el Ministerio de Modernización

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Normas provinciales

Córdoba

Ley sobre acceso al conocimiento de los actos del Estado N° 8803: ​En virtud del principio de publicidad de los actos de gobierno, esta ley obliga a todo el Estado Provincial, sus órganos, municipios y comunas (incluidos los entes privados y organizaciones empresariales con participación estatal) a otorgar información completa, veraz, adecuada y oportuna, cuando sea solicitado por cualquier persona. Por información la ley entiende  cualquier tipo de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. Asimismo se establecen las formalidades, plazos, límites y responsabilidades.


Carta del ciudadano, Ley N° 8835: Esta ley provincial viene a establecer derechos para los habitantes de la provincia de Córdoba, y en contraposición, deberes a la Administración Pública provincial (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial). En especial, todas las personas en la Provincia tienen derecho a obtener, en forma gratuita, una dirección de correo electrónico a través del cual pueda recibir todo tipo de información estatal, para lo cual cada ciudadano tendrá una clave y contraseña individual de acceso; todo esto a los fines de garantizar la participación ciudadana.

Ley de modernización del Estado N° 8836: En la misma sintonía que la ley 8835, aquí se propone una modernización del Estado de la Provincia de Córdoba, creando un Sistema de Información Pública destinado a dar información de interés sobre los actos de gobierno, información cultural, científica, económica, etc. Esto se gestará a través de: distribución del Boletín Oficial digitalizado; sitio web oficial de la Provincia e información brindada por atención telefónica. La esencia de la ley es generar un Estado moderno y transparente, para lo cual se valdrá de diversos mecanismos e instrumentos, como ser: información actualizada, conectada y de fácil acceso; participación ciudadana; nuevas tecnologías; capacitación de los empleados; etc.

Ley sobre libertad de expresión N° 10149: El Estado Provincial dictó esta ley como una forma de reasegurar y garantizar el derecho a la libertad de expresión, sobre todo apuntando a la labor periodística de todo tipo que se desarrolle en el territorio de la Provincia de Córdoba. En concreto, dispone que ninguna norma nacional, provincial o municipal podrá coartar este derecho, como así también que cualquier acto administrativo o legislativo que vaya en contra del pleno ejercicio de este derecho, será insalvablemente nulo.​

Ley de política ambiental provincial N° 10208: En sus artículos 54 a 62 regula un régimen de acceso a la información pública ambiental, en sintonía con la Ley Provincial N° 8003 aunque con algunas diferencias. Establece el concepto de información pública ambiental, formalidades, plazo y excepciones. 

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Normas municipales y comunales

Ciudad de Córdoba

Ordenanza 11877 Acceso a la Información Pública: Esta ordenanza consagra el derecho de toda persona a solicitar, acceder y recibir información pública veraz, completa y adecuada; y le da el rango de derecho humano. A lo largo de su articulado establece los requisitos para su presentación, el cual ahora se puede hacer a través de la web (https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/acceso-informacion-publica/solicitud/), los plazos, las limitaciones, etc.